La cadena de custodia es la columna vertebral de la trazabilidad probatoria, también en la fase preventiva. Su objetivo es preservar la identidad y la integridad de los elementos recabados desde su obtención hasta su eventual valoración disciplinaria. En lo físico, la SGT podría emplear sobres o contenedores identificados, rotulados con código único, fecha, lugar, descripción del contenido, responsable de recolección y firma. Toda transferencia entre personas o unidades debe registrarse con hora, estado del elemento y motivo del traslado. En lo digital, el estándar mínimo incluye: obtención de copia exacta del archivo o del conjunto de archivos; almacenamiento en repositorio de evidencia con acceso restringido; y registro de cada acceso o manipulación. Estos pasos son coherentes con el desarrollo metodológico del programa de investigación y con los deberes de archivo y custodia que impone el régimen de acceso a la información.

El nuevo paradigma de supervisión es inseparable de una constatación material, gran parte de los hechos relevantes para la investigación administrativa ocurren hoy en entornos digitales. La justicia “reside” tanto en documentos físicos como en correos institucionales, expedientes electrónicos, sistemas de gestión, plataformas de audiencias y registros automatizados. Esta migración no es opcional, porque la evidencia digital es ubicua y volátil: puede copiarse, alterarse o eliminarse en segundos, muchas veces sin dejar huellas evidentes para quien no conoce los mecanismos de auditoría. En consecuencia, la SGT requiere capacidades para preservar evidencia de manera oportuna, evitando su pérdida, su contaminación o su manipulación y asegurando desde el inicio condiciones de validez y confiabilidad.

A la vez, lo digital ofrece una ventaja decisiva para la supervisión, trazabilidad. A diferencia del papel —donde la autoría, el momento exacto de una intervención y la secuencia de actuaciones pueden ser discutibles— el rastro digital permite reconstruir accesos, usuarios, horarios, eventos del sistema y, según corresponda, terminales o ubicaciones lógicas. Esa trazabilidad mejora la atribución de responsabilidades, ayuda a distinguir entre error, falla técnica, mala práctica o conducta deliberada y habilita un control más eficiente mediante análisis de grandes volúmenes de información. Sin embargo, esa eficiencia solo es legítima si se integra con garantías y protecciones concretas como el control humano significativo, criterios de priorización transparentes y respeto estricto por la legalidad y el debido proceso en toda actuación investigativa.

En materia preventiva y disciplinaria rige la distribución elemental de la carga de la prueba: quien afirma hechos constitutivos de infracción debe acreditarlos con respaldo suficiente y lícito. La SGT, al activar una derivación, asume el deber de presentar un cuadro probatorio capaz de generar convicción bajo sana crítica, esto es, conforme a reglas de lógica, ciencia y experiencia. La valoración integral obliga a considerar el conjunto de evidencias —y no piezas aisladas—, ponderando su consistencia mutua, su origen y sus condiciones de recolección. Estas pautas metodológicas, recogidas en el programa, remiten a una motivación transparente de los informes, evitando sesgos de confirmación y proporcionando al órgano disciplinario una base verificable para resolver.