La piedra angular de la articulación es el respeto estricto de competencias. Cuando de los hallazgos preventivos surjan elementos que, prima facie, configuren infracciones atribuibles a jueces o magistrados, la SGT debe remitir de forma motivada el expediente y su soporte al órgano disciplinario competente —Junta de Disciplina Judicial—, ciñéndose a los criterios de la Ley de la Carrera Judicial sobre categorías de faltas, sanciones y trámite. En esa vía, es esencial documentar los indicios, su relevancia, la licitud de su recolección y la preservación de su cadena de custodia, pues la SGT comparecerá como parte y su actuación quedará sujeta a control de legalidad, incluida la posibilidad de recusación por las partes. La audiencia disciplinaria es oral, pública y concentrada, con intervención obligatoria de la SGT, y la decisión debe ser motivada, con posibilidad de revisión por la Junta de Apelación. Este cauce exige que la remisión contenga un “extracto probatorio” claro, un índice de anexos y la identificación de eventuales medidas preventivas adoptadas por el órgano supervisado.
