El juicio de culpabilidad en sede disciplinaria no se reduce a la mera constatación de un resultado lesivo; exige valorar la imputación subjetiva —intención o negligencia— en el marco del servicio, así como las circunstancias que agravan o atenúan el desvalor de la conducta y su correspondencia con la sanción. Aunque la LCJ y la LSC-OJ no desarrollan una dogmática detallada de dolo y culpa, contienen puntos de anclaje sólidos: la LCJ tipifica expresamente, entre las faltas graves, supuestos que incluyen un componente intencional (p. ej., causar intencionalmente daño a bienes del Organismo Judicial), y consigna agravaciones por reincidencia (la segunda falta leve sancionada dentro del mismo año integra el elenco de faltas graves; la segunda falta grave en el año en el de las gravísimas).
Estos elementos normativos muestran que la intención, la reiteración, la previsibilidad del riesgo y la desatención a deberes claros son vectores relevantes de culpabilidad disciplinaria y de su graduación.
