Para el universo auxiliar, la SGT coordina con la URD en tres momentos. Primero, en la recepción y triage: cuando una queja involucra a personal en carrera de servicio civil, la SGT debe derivar al canal URD sin dilación, dejando constancia en su bitácora y notificando a la persona quejosa la autoridad competente. Segundo, en la práctica probatoria: si la SGT ha adelantado actuaciones (p. ej., inspecciones, entrevistas o recolección documental), debe remitir a la URD copias certificadas con la cadena de custodia íntegra y toda la metadata relevante (fechas, custodios, hashes o firmas de verificación según el caso). Tercero, en la trazabilidad: los hitos del expediente (apertura, traslado de cargos, audiencias, decisión, impugnación) deben registrarse para evitar dispersión y permitir control de términos (prescripción/caducidades), así como para nutrir los tableros de gestión de la SGT y de la Presidencia del OJ.

El catálogo de faltas del servicio civil —y su graduación— ofrece un mapa funcional para la motivación: por regla general, las faltas gravísimas conducen a sanciones de destitución; las graves, a suspensiones con afectación salarial, y las leves, a amonestaciones u otras medidas correctivas, según reincidencia y daño institucional. La clave está en describir con precisión los hechos, conectarlos con la hipótesis infraccional de la LSC-OJ y valorar la prueba con sana crítica. Con frecuencia, los casos auxiliares contienen documentación laboral (asistencia, permisos, licencias, evaluaciones), comunicaciones internas y evidencia digital (accesos a sistemas, correos), cuya obtención debe observar principios de licitud y proporcionalidad compatibles con la LAIP y con las Normas de Comportamiento Ético del OJ, que establecen deberes de transparencia, integridad, responsabilidad, así como prohibiciones por conflicto de interés y sistema de consecuencias (mérito/censura) ejecutable a través de los entes disciplinarios competentes.