Unidad 8. Tres momentos de la evaluación del aprendizaje y la integración de la evaluación del desempeño del OJ a la gestión por riesgos.
La calidad de un proceso de capacitación no se mide únicamente por la satisfacción de los participantes, sino por el grado en que éstos adquieren y aplican nuevas competencias. En este sentido, la evaluación del aprendizaje en el módulo sobre técnicas de investigación administrativa y preventiva debe articular tres momentos: la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa.
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Diagnóstica
Formativa
Sumativa
Es importante, sin embargo, subrayar que la evaluación del aprendizaje no debe confundirse con la evaluación del desempeño laboral, aunque ambas se encuentren conectadas. La primera mide la adquisición de competencias en un entorno formativo; la segunda analiza la aplicación sostenida de dichas competencias en la práctica, según el Manual de Evaluación del Desempeño y las escalas de rendimiento vigentes. La articulación entre ambas se logra cuando los resultados del módulo se consideran, por ejemplo, como insumo para los planes de mejora individual o para la asignación de oportunidades de ascenso, sin convertir automáticamente el desempeño en el aula en un juicio disciplinario.
Revisión de instrumentos para capturar variables útiles, umbralización y tableros de alerta temprana.
La existencia de un sistema formal de evaluación del desempeño de jueces y magistrados, administrado por la Unidad de Evaluación del Desempeño y regulado en el manual específico, representa una oportunidad para articular información dispersa en clave de gestión por riesgos. La idea central es sencilla: si la evaluación del desempeño captura datos relevantes sobre la calidad, la gestión, la ética y la conducta de los operadores de justicia, esa información puede —con los debidos resguardos de confidencialidad y debido proceso— alimentar los modelos de priorización de la SGT y las agendas de capacitación de la EEJ.
Para ello, el primer paso consiste en revisar críticamente los instrumentos de evaluación actualmente utilizados: formularios de autoevaluación, evaluaciones directas, internas y externas, matrices de calidad de resoluciones, registros de sanciones y de reconocimientos al mérito, entre otros. La pregunta clave no es solo qué se mide, sino qué variables resultan útiles para anticipar riesgos de faltas disciplinarias o de deterioro de la confianza ciudadana. Por ejemplo, una combinación de alta morosidad injustificada, observaciones reiteradas sobre trato inadecuado a los usuarios, deficiencias en la motivación de las resoluciones y quejas recurrentes por vulneración de la reserva podría configurar un “perfil de riesgo” que justifique una visita preventiva prioritaria o un acompañamiento intensivo por parte de la SGT.
El uso de “umbralización” mediante esquemas de semáforos constituye una herramienta visual y de gestión muy extendida en la administración pública: valores por debajo de cierto umbral se codifican en verde (riesgo bajo), valores intermedios en amarillo (riesgo moderado) y valores por encima de un límite crítico en rojo (riesgo alto). Estos umbrales deben definirse con rigor técnico y en consonancia con la normativa: no se trata de etiquetar a personas, sino de identificar situaciones que requieren atención. La experiencia de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través de instrumentos como el Criminal Justice Assessment Toolkit, muestra la importancia de trabajar con indicadores estandarizados y de interpretar los datos en su contexto, evitando lecturas simplistas.
Una vez definidas las variables relevantes y los umbrales, el siguiente paso es construir tableros de alerta temprana. Estos tableros integran, en una sola visualización, información procedente de diferentes fuentes: resultados de evaluación del desempeño, datos de gestión (tiempos de tramitación, carga de trabajo), registros de quejas disciplinarias, informes de la SGT, informes de órganos de control externo (por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas) y, en la medida de lo posible, indicadores de percepción ciudadana. El objetivo no es vigilar permanentemente a jueces y auxiliares, sino asignar de manera racional los recursos limitados de supervisión: despachos con indicadores en rojo o con tendencias negativas sostenidas podrían ser priorizados para visitas de prevención, acompañamiento técnico o intervenciones de capacitación específica.
Es fundamental, sin embargo, que esta integración de datos respete los principios de legalidad, confidencialidad y proporcionalidad. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que el acceso a la información es la regla y la reserva la excepción, pero también reconoce la existencia de información confidencial y de datos personales y sensibles que deben protegerse. La normativa disciplinaria, por su parte, impone garantías de presunción de inocencia, de defensa y de motivación de las decisiones. En consecuencia, el diseño de tableros y sistemas de alerta temprana debe incluir políticas claras sobre quién accede a qué información, con qué fines y bajo qué controles; así como procedimientos para corregir datos erróneos y para evitar que una mera señal de riesgo se convierta, de facto, en una sanción social o profesional.
Desde el punto de vista del módulo, resulta recomendable que los participantes trabajen con ejemplos concretos de tableros y matrices de riesgo construidos con datos ficticios, de forma que se habitúen a interpretar la información, a plantear hipótesis explicativas razonables (por ejemplo, distinguir entre alta morosidad derivada de factores estructurales, como carga excesiva de trabajo, y morosidad atribuible a negligencia) y a proponer respuestas proporcionadas. Ello también facilita la discusión sobre el rol de la SGT en un escenario en el que la concentración de potestades administrativas y disciplinarias en la Corte Suprema ha sido objeto de crítica internacional: un sistema de gestión basada en riesgos, transparente y técnicamente robusto, puede funcionar como contrapeso parcial frente a decisiones discrecionales o a prácticas poco transparentes.